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El 21 de abril del año en curso la Corte Suprema ratifico el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que rechazo el recurso de protección interpuesto por miembros de la Confraternidad de Pastores Evangélicos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en contra de la distribución del cuento infantil "Nicolás tiene 2 papás" en los jardines infantiles de la región. El fundamento de la Corte Suprema para ratificar el fallo dice relación con la falta de legitimación activa de las personas que interpusieron dicho recurso, ello en atención de que el recurso de protección tiene como requisito de procedencia la existencia de una persona agraviada o perjudicada por actos u omisiones arbitrarias que signifique una perturbación, privación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho constitucional. En este caso los recurrentes interpusieron el recurso de forma genérica en favor de los niños y niñas inscritos en los establecimientos educacionales dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tanto de su región como del resto del país. Por lo tanto, nunca se procedió a determinar a las personas en nombre de las cuales se interponía el recurso no acreditándose el interés directo en las garantías constitucionales que se dicen afectadas. Es por lo anteriormente expuesto que la Corte Suprema fallo en la forma ya señalada. Ahora bien resulta interesante analizar latamente los fundamentos del fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas respecto a este recurso de protección, el cual se basa en una interpretación unitaria y homogénea de la Constitución Política de la República y la Convención de Derechos del Niño, destacándose el concepto amplio de familia consagrado en ambos cuerpos legales y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los niños guiados por sus padres con el único límite de lo prescrito en la ley. Se entendió por la Corte de Apelaciones que la JUNJI había actuado dentro de sus facultades legales al distribuir el cuento "Nicolás tiene 2 papás", no produciéndose una perturbación, privación o amenaza de los derechos fundamentales de los niños ni de sus padres por encontrarse dicha distribución dentro del marco legal de actuación de la institución en consideración de la interpretación armónica de las normas legales ya señaladas.